Ante las vicisitudes presentadas por la pandemia, gobiernos estatales y federal afrontan sin duda una de las emergencias más graves y complejas de los últimos tiempos; por lo tanto, comprendemos la necesidad de disponer de recursos suficientes para afrontar esta grave contingencia sanitaria. Afortunadamente, el marco institucional vigente otorga a los poderes Ejecutivo y Legislativo, de la federación y estados, potestades suficientes para procesar coordinadamente los ajustes necesarios al presupuesto aprobado.

Manifestamos lo anterior frente a la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria presentada por parte del Presidente de México, que permitiría a la SHCP reasignar el presupuesto público sin requerir la autorización de la Cámara de Diputados en caso de “emergencias económicas”; asimismo, el pasado 29 de abril se aprobó en Chihuahua una reforma facultando al Ejecutivo la modificación del presupuesto público estatal 2020 sin que se requiera en lo sucesivo la autorización del Congreso del Estado, con el consecuente análisis, razonamiento y discusión de cada caso.

Reformas como éstas vulneran los contrapesos entre los poderes. Sabemos todos que, el alto grado de discrecionalidad tradicionalmente ejercido por gobernadores y presidentes, ha causado ya reducciones o ampliaciones profundas sobre los presupuestos de estados y federación, con repercusiones gravísimas sobre áreas prioritarias de la responsabilidad estatal. Ampliar aún más este margen y de paso restringir facultades de discusión y balance entre poderes en materia presupuestal, representa un retroceso democrático innecesario y peligroso.
Los controles y contrapesos entre poderes son esenciales para nuestro modelo democrático y el más alto principio para la rendición de cuentas hasta el momento. Estos controles y contrapesos representan la primera línea en la lucha contra la corrupción; de hecho, el diseño institucional de los Sistemas Anticorrupción Nacional y Estatales, contempla el concurso y acuerdo de los tres poderes en esta encomienda. Las y los Presidentes de los Comités de Participación Ciudadana Nacional y estatales que acompañamos esta opinión hacemos votos porque veamos en los contrapesos una importante herramienta para la prevención de la corrupción a través de la división de poderes, bajo el marco constitucional vigente.
Presidentes y Presidentas de los Comités de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y Sistemas Estatales Anticorrupción

Rosa María Cruz Lesbros Nacional
           Netzahualcóyotl López Flores  Aguascalientes
Juan Liborio Fenech Cardoza Baja California Sur
María de los Dolores Ortiz Lanz Campeche
Marlen Marisol Gordillo Figueroa Chiapas
Ana Isabel Terrazas Cerros Chihuahua
Isela Guadalupe Uribe Alvarado Colima
Gonzalo Salas Chacón Durango
Jaime Fernando Revilla Guerrero Guanajuato
Elizabeth Patrón Osorio Guerrero
Juan Melquiades Ensástiga Alfaro Hidalgo
Lucía Almaraz Cázares Jalisco
Elvia Higuera Pérez Michoacán
Eva Penélope Picazo Hernández Morelos
Juan Carlos Flores Chávez Nayarit
Juan Carlos Gastélum Treviño Nuevo León
Cynthia Dehesa Guzmán Quintana Roo
Norma Alicia Sánchez Castillo Sinaloa
Aquiles Fuentes Fierro Sonora
Jorge Leoncio Ramírez Sánchez Tamaulipas
José Emilio Cárdenas Escobosa Veracruz
Mónica Alicia Febles Álvarez Icaza Yucatán
Antonio Sánchez González Zacatecas