México es una República representativa, democrática, laica y federal compuesta por
Estados libres y soberanos; y cuenta con Tres Poderes y Organismos Constitucionales
Autónomos.
Como mexicanos aspiramos a tener un país donde cada persona cuente, tenga
derechos y oportunidades, y cumpla con la ley. Lamentablemente, aún estamos lejos
del país que anhelamos porque todos los días se viola el Estado de Derecho y se
cometen actos de corrupción que en su mayoría quedan impunes. Y nada hay más
pernicioso para una sociedad que la impunidad de los actos de corrupción.

Es alentador y de la mayor importancia que el Presidente de la República esté
comprometido con esta causa. La lucha contra la corrupción y la impunidad no será
fácil ni breve, y no es tarea de una sola persona. En esta lucha debemos participar la
gran mayoría de los mexicanos, sobretodo quienes ocupamos posiciones de dirección
en gobierno y el sector privado.
La experiencia internacional muestra que los países que estuvieron plagados de
corrupción y que lograron combatirla con éxito y efectividad, lo hicieron a través de la
profesionalización, meritocracia e independencia de sus Órganos de Administración,
Procuración e Impartición de Justicia.

México no avanzará en el combate a la corrupción si las instituciones responsables
están capturadas y actúan por consiga, privilegiando intereses políticos, partidistas o de
grupos de poder públicos o privados.
Con la reforma constitucional de 2015 y las leyes reglamentarias de 2016 México
cuenta con un Sistema Federal Anticorrupción y 32 Sistemas Estatales Anticorrupción.
En conjunto forman el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Sin excepción requerimos que las instituciones que integran el SNA actúen de manera
profesional, tengan en sus cuadros directivos a individuos de probada honorabilidad,
comprometidos públicamente a tener conductas éticas.

Necesitamos también que las instituciones que integran el SNA mejoren sus
procedimientos internos y colaboren estrechamente entre sí, para que sus actos de
autoridad sean justos y ágiles.
El objetivo último es mejorar la vida de los ciudadanos, en particular la de los más
pobres, pues son precisamente ellos los más afectados por la corrupción y la
impunidad.

Los mexicanos necesitamos creer en las instituciones del Estado responsables del
combate a la corrupción. Es oportuno recordar las palabras del Presidente Benito
Juárez:
“Siempre he procurado hacer cuanto ha estado en mi mano para defender y
sostener nuestras instituciones. Ha sido mi único fin proponeros lo que creo
mejor para vuestros más caros intereses, que son afianzar la paz en el porvenir y
consolidar nuestras instituciones”

Para consolidar el SNA es necesario trabajar en 4 ejes conocidos como las 4 I:
Instituciones, Individuos, Información e Índices.

PRIMER EJE (INSTITUCIONES)
Las instituciones del SNA deben demostrar con hechos concretos que cumplen con la
ley, a la vez que imparten justicia sin sesgos políticos, partidistas o en favor de algún
grupo de poder; es decir, que actúan con independencia.
El grado de independencia de una institución se determina por: 1) los perfiles y las
formas de nombrar y remover a sus cuerpos directivos; 2) la existencia y calidad del
servicio profesional de carrera; y, 3) su gestión y resultados.
Es mayor la independencia cuando en los puestos directivos los candidatos son
evaluados de forma objetiva y transparente, y los nombramientos recaen en personas
de incuestionable honorabilidad que cuentan con una sólida y pertinente trayectoria
profesional.


Existe mayor independencia si la institución cuenta con un servicio profesional de
carrera donde los puestos se concursan a través de evaluaciones meritocráticas,
imparciales y transparentes; y cuando se garantiza protección a los servidores públicos
para que puedan realizar actos de autoridad o denunciar hechos de corrupción sin
temor a remociones arbitrarias y/o represalias contra ellos, sus familias y su patrimonio.
Es mayor la independencia cuando la gestión, los resultados, actos de autoridad y
resoluciones de la institución son imparciales; cuando rinde cuentas, asume la
transparencia, el acceso a la información y protege lo que efectivamente son datos
confidenciales o reservados.

Por ello, es necesario medir el grado de independencia que tienen las Secretarias de
Contraloría, las Fiscalías Anticorrupción, los Órganos Garantes de Transparencia, los
Tribunales Administrativos, los Poderes Judiciales y las Auditorías Superiores, a nivel
Federal y Estatal.

SEGUNDO EJE (INDIVIDUOS)
El control de pares ha sido el mejor método para impulsar la ética entre los
profesionistas en los países que más avances han logrado en el combate a la
corrupción, y donde los abogados y los contadores han sido punta de lanza en este
empeño. A México le falta adoptar mejores prácticas internacionales en esta materia.

A guisa de ejemplo, la probabilidad de que un abogado en Reino Unido sea corrupto es
muy baja. Para ser abogado el interesado debe presentar dos exámenes: uno de
conocimientos y otro de Ética. Si falla el de Ética no será abogado.
Ya como practicante, todo abogado en Reino Unido está expuesto a que cualquier
persona, empresa o institución presente una queja ante los colegios de abogados del
país por presunción de conductas contrarias a la Ética. El caso es analizado por un
Comité de Honor y Justica con derecho de audiencia y aportación de pruebas. Si la
conducta fue violatoria de la Ética, esa persona no volverá a ejercer la abogacía. Este
procedimiento aplica igualmente a jueces, magistrados, fiscales y ministerios
públicos…

Hace un año los tres Colegios Nacionales de Abogados: El Ilustre y Nacional Colegio
de Abogados, la Barra Mexicana de Abogados y la Asociación Nacional de Abogados
de Empresa anunciaron la creación del Consejo General de la Abogacía y desde
entonces han venido trabajando en la integración de un Código de Conducta Único con
el fin de invitar a los abogados del país a firmarlo. Con ello la sociedad podrá consultar
el registro en Internet y saber qué abogados están comprometidos con la ética.
La iniciativa del Consejo General de la Abogacía marcará un hito en favor del combate
a la corrupción y la impunidad, y será ejemplo a nivel nacional.

EJE 3 (INFORMACIÓN)
Para que las instituciones que conforman el SNA funcionen como un sistema sólido y
bien coordinado, es indispensable trabajar en tres frentes:
La revisión de los procesos internos de cada institución para simplificarlos,
desburocratizarlos e informatizarlos digitalmente.
El fortalecimiento de la comunicación interinstitucional para armonizar criterios y agilizar
el procesamiento de casos.

El uso de tecnologías de la información y las firmas electrónicas con validez legal para
eliminar el papel y asegurar el registro, la trazabilidad y dejar huella electrónica de los
actos de gobierno y de autoridad permitiendo que queden testados de forma inviolable.
Ello mejorará de forma muy significativa la rendición de cuentas, el resguardo de la
información confidencial y reservada, y la generación ágil de versiones públicas
disponibles en internet.

EJE 4 (ÍNDICES)
Los índices de corrupción deben disminuir en el país y en cada Estado de la Republica.
Ese debe ser uno de los principales objetivos del SNA.

Desde hace más de una década y de manera periódica, el INEGI lleva a cabo
Encuestas por Entidad Federativa que miden, a través de índices, la corrupción que
afecta a las personas y a las empresas.

El SNA debe tomar en cuenta los índices históricos de esas encuestas, en el diseño de
políticas que establezcan prioridades claras y concretas para contener y disminuir de
forma significativa la corrupción que más afecta negativamente a las personas y las
empresas.

A partir de la aprobación de la Ley General de Mejora Regulatoria el año pasado, el
SNA posee otro valioso instrumento en el combate a la corrupción más nociva para las
personas y las empresas.
En estrecha coordinación con las instancias responsables de la Mejora Regulatoria en
los tres órdenes de gobierno, el SNA debe emprender una revisión exhaustiva de
trámites y requisitos, transparentar y privilegiar la informatización en Internet de los
tramites que deban permanecer; y eliminar aquellos que no tutelan ningún bien público
y, por el contrario, son el pretexto para extorsionar y extraer rentas corruptas a las
personas y las empresas.

Respecto de la corrupción que afecta al Estado y evitar que el país pierda cifras
multimillonarias de recursos por actos de corrupción, resulta indispensable, entre otras
medidas, rescatar el espíritu de lo dispuesto en el artículo 134 Constitucional y que el
país cuenta con una Ley General de Contrataciones, Adquisiciones y Obras Públicas.
El propósito es fomentar la participación y competencia de empresas certificadas que
estén al corriente de todas sus obligaciones fiscales y reglamentarias, a fin de que el
Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales obtengan las mejores condiciones. Lo
anterior impulsará el desarrollo del país y sus diferentes regiones sobre bases sólidas
de honestidad, profesionalismo, desarrollo tecnológico y generación de empleos.

No bastan las buenas intenciones; es momento de darle a los ciudadanos los
resultados que esperan. El SNA debe estar a la altura del momento histórico y
comprometerse a construir un México que valore y reconozca el comportamiento ético
de las personas, y donde quienes osen cometer actos de corrupción sepan que con
una muy alta probabilidad sus actos serán detectados y sancionados.

José Octavio López Presa
Presidente del Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Nacional Anticorrupción.